Detectan red de estafadores a niños migrantes

La única certeza legal con que se encuentran los menores que son abandonados en el lado estadounidense de la frontera es que la ley impide a la Patrulla Fronteriza deportarlos inmediatamente.
Tucson. El Gobierno de El Salvador ha detectado una red de abogados en Houston que ofrece a familias salvadoreñas “facilitar” el trámite de asilo para menores que viajan indocumentados a Estados Unidos, confirmó ayer la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.

“Nos reportan una página web de personas que se hacen pasar por personal de consulados para aprovecharse de esta situación... Tenemos muchas denuncias de traficantes inescrupulosos que están estafando a los salvadoreños”, dijo Magarín, quien el miércoles visitó el centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Nogales, donde están detenidos 310 menores de El Salvador, y ayer viajó a un centro similar en Phoenix, también en Arizona.

Una agente salvadoreña que ha entrevistado a decenas de niños en Arizona asegura que, de acuerdo con varios testimonios de los infantes, el viaje por México es, desde hace varias semanas, más corto. “Una posibilidad es que el crimen organizado los esté dejando pasar con más facilidad en esa parte del camino”, dice.

Art Del Cueto, un agente sindicalizado de la Patrulla Fronteriza, por su parte, dijo el miércoles en una rueda de prensa improvisada a la salida del centro de detención en Nogales, a 6 kilómetros de la frontera de Arizona con el estado mexicano de Sonora, que es por esta zona por donde entra el 60 % de la droga que los carteles introducen al mercado estadounidense.

Los estafadores, según fuentes salvadoreñas y estadounidenses, aseguran a los familiares de los menores que pueden “regularizar” la situación de los niños en las cortes migratorias. A cambio de tarifas, que oscilan entre los $2,000 y $3,000, prometen gestionar resoluciones favorables a peticiones de asilo político. El miércoles, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador aseguró que las leyes de su país no contemplan asilo inmediato para los niños que viajan indocumentados.


La eventual estafa se une, en muchos casos, a los inconvenientes y riesgos que niños y niñas enfrentan en el camino desde que salen de El Salvador, Guatemala u Honduras, países de origen de la mayoría de detenidos en instituciones estadounidenses en el marco del aumento en los últimos meses de la cifra de menores de edad que viajan solos en las rutas hacia el norte de América.

El camino sin fin

Sandra, nombre ficticio, ha vivido en Maryland desde que vino a Estados Unidos, hace cinco años. Ya tiene licencia de conducir –ese estado pasó en 2013 una ley que permite a indocumentados sacar ese permiso– y acaba de renovar su pasaporte salvadoreño. Gana entre $1,000 y $1,400 al mes limpiando casas y cuidando niños; por hacer lo mismo, en El Salvador, ganaba menos de $200 mensuales.

Hoy, dice Sandra mientras camina a una de las casas de un barrio de clase media en la que trabaja, está por reunir el dinero que necesita para traer a los tres hijos que dejó en Chalatenango; las dudas, sin embargo, aún la carcomen, sobre todo por el riesgo del viaje.
“Con los dos niños me preocupo menos, pero sí me aflige la niña”, cuenta. “La gente aquí me dice que hoy los están dejando pasar y que es más fácil arreglarle los papeles... pero me da miedo”.
El proceso de ingreso de los niños indocumentados a Estados Unidos, según explica Ashley Huebner, abogada que trabaja con una organización de asistencia a migrantes basada en Chicago, no implica nunca que los niños dejen de ser sujetos de deportación.

La ruta es así: la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) detiene a los menores a su entrada a Estados Unidos y los retiene por un período que, en teoría, no debería exceder las 72 horas –el incremento en la cifra de niños detenidos ha hecho que ese período se alargue–. Si el niño es capaz de identificar a un padre o familiar, Migración (ICE, en inglés) inicia el proceso de deportación y avisa a los parientes; si el niño no puede identificar a nadie que pueda acogerlo en Estados Unidos, CBP lo entrega a la unidad de Vivienda y Atención Humanitaria (HHR, en inglés) de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA, en inglés). En todos los casos, los procesos de deportación continúan.
Los niños que se reúnen con sus familiares están obligados, por ley, a presentarse a un juez migratorio para continuar el proceso de repatriación. Ahí está el hueco legal: la mayoría de menores, según datos de la CBP, nunca se presentan y pasan a vivir, como lo han hecho los indocumentados por décadas, en las sombras.
La conclusión de Sandra, en Maryland, cuando se enteró de cómo funciona el proceso, no es definitiva: “Siempre hay una forma”, dice. “Yo vine aquí para darles mejor vida a ellos –sus tres hijos–, pero ¿de qué me sirve mandarles dinero si no los tengo conmigo? Quizá a los varones los traigo, cuando reúna el pisto... Con la niña, no sé...”, asegura.
Según la viceministra Magarín, y de acuerdo con matrices elaboradas por autoridades consulares en Tucson, buena parte de los niños que viajan solos a Estados Unidos lo hacen para reunirse con sus familias; menos lo hacen huyendo de la violencia.
“Hay casos, sí, de violencia, pero es mucho más por reunificación familiar que vienen, por la esperanza de sus padres de darles aquí una vida mejor”, dice Magarín, quien, sin embargo, asegura que el Gobierno salvadoreño está embarcado en una campaña para pedir a los padres de estos niños que “lo piensen varias veces antes de ponerlos en manos de gente inescrupulosa e irresponsable que solo los tira a este lado de la frontera”.
*El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

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