La única certeza legal con que se encuentran los menores que
son abandonados en el lado estadounidense de la frontera es que la ley impide a
la Patrulla
Fronteriza deportarlos inmediatamente.
Tucson. El Gobierno de El Salvador ha detectado una red de
abogados en Houston que ofrece a familias salvadoreñas “facilitar” el trámite
de asilo para menores que viajan indocumentados a Estados Unidos, confirmó ayer
la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.
“Nos reportan una página web de personas que se hacen pasar
por personal de consulados para aprovecharse de esta situación... Tenemos
muchas denuncias de traficantes inescrupulosos que están estafando a los
salvadoreños”, dijo Magarín, quien el miércoles visitó el centro de detención
de la Patrulla
Fronteriza en Nogales, donde están detenidos 310 menores de
El Salvador, y ayer viajó a un centro similar en Phoenix, también en Arizona.
Una agente salvadoreña que ha entrevistado a decenas de
niños en Arizona asegura que, de acuerdo con varios testimonios de los
infantes, el viaje por México es, desde hace varias semanas, más corto. “Una
posibilidad es que el crimen organizado los esté dejando pasar con más
facilidad en esa parte del camino”, dice.
Art Del Cueto, un agente sindicalizado de la Patrulla Fronteriza,
por su parte, dijo el miércoles en una rueda de prensa improvisada a la salida
del centro de detención en Nogales, a 6 kilómetros de la
frontera de Arizona con el estado mexicano de Sonora, que es por esta zona por
donde entra el 60 % de la droga que los carteles introducen al mercado
estadounidense.
Los estafadores, según fuentes salvadoreñas y
estadounidenses, aseguran a los familiares de los menores que pueden “regularizar”
la situación de los niños en las cortes migratorias. A cambio de tarifas, que
oscilan entre los $2,000 y $3,000, prometen gestionar resoluciones favorables a
peticiones de asilo político. El miércoles, la embajadora de Estados Unidos en
El Salvador aseguró que las leyes de su país no contemplan asilo inmediato para
los niños que viajan indocumentados.
La eventual estafa se une, en muchos casos, a los
inconvenientes y riesgos que niños y niñas enfrentan en el camino desde que
salen de El Salvador, Guatemala u Honduras, países de origen de la mayoría de
detenidos en instituciones estadounidenses en el marco del aumento en los
últimos meses de la cifra de menores de edad que viajan solos en las rutas
hacia el norte de América.
El camino sin fin
Sandra, nombre ficticio, ha vivido en Maryland desde que
vino a Estados Unidos, hace cinco años. Ya tiene licencia de conducir –ese
estado pasó en 2013 una ley que permite a indocumentados sacar ese permiso– y
acaba de renovar su pasaporte salvadoreño. Gana entre $1,000 y $1,400 al mes
limpiando casas y cuidando niños; por hacer lo mismo, en El Salvador, ganaba
menos de $200 mensuales.
Hoy, dice Sandra mientras camina a una de las casas de un
barrio de clase media en la que trabaja, está por reunir el dinero que necesita
para traer a los tres hijos que dejó en Chalatenango; las dudas, sin embargo,
aún la carcomen, sobre todo por el riesgo del viaje.
“Con los dos niños me preocupo menos, pero sí me aflige la
niña”, cuenta. “La gente aquí me dice que hoy los están dejando pasar y que es
más fácil arreglarle los papeles... pero me da miedo”.
El proceso de ingreso de los niños indocumentados a Estados
Unidos, según explica Ashley Huebner, abogada que trabaja con una organización
de asistencia a migrantes basada en Chicago, no implica nunca que los niños
dejen de ser sujetos de deportación.
La ruta es así: la Patrulla Fronteriza
(CBP, en inglés) detiene a los menores a su entrada a Estados Unidos y los
retiene por un período que, en teoría, no debería exceder las 72 horas –el
incremento en la cifra de niños detenidos ha hecho que ese período se alargue–.
Si el niño es capaz de identificar a un padre o familiar, Migración (ICE, en
inglés) inicia el proceso de deportación y avisa a los parientes; si el niño no
puede identificar a nadie que pueda acogerlo en Estados Unidos, CBP lo entrega
a la unidad de Vivienda y Atención Humanitaria (HHR, en inglés) de la Agencia Federal de
Emergencias (FEMA, en inglés). En todos los casos, los procesos de deportación
continúan.
Los niños que se reúnen con sus familiares están obligados,
por ley, a presentarse a un juez migratorio para continuar el proceso de
repatriación. Ahí está el hueco legal: la mayoría de menores, según datos de la CBP, nunca se presentan y
pasan a vivir, como lo han hecho los indocumentados por décadas, en las
sombras.
La conclusión de Sandra, en Maryland, cuando se enteró de
cómo funciona el proceso, no es definitiva: “Siempre hay una forma”, dice. “Yo
vine aquí para darles mejor vida a ellos –sus tres hijos–, pero ¿de qué me
sirve mandarles dinero si no los tengo conmigo? Quizá a los varones los traigo,
cuando reúna el pisto... Con la niña, no sé...”, asegura.
Según la viceministra Magarín, y de acuerdo con matrices
elaboradas por autoridades consulares en Tucson, buena parte de los niños que
viajan solos a Estados Unidos lo hacen para reunirse con sus familias; menos lo
hacen huyendo de la violencia.
“Hay casos, sí, de violencia, pero es mucho más por
reunificación familiar que vienen, por la esperanza de sus padres de darles
aquí una vida mejor”, dice Magarín, quien, sin embargo, asegura que el Gobierno
salvadoreño está embarcado en una campaña para pedir a los padres de estos
niños que “lo piensen varias veces antes de ponerlos en manos de gente
inescrupulosa e irresponsable que solo los tira a este lado de la frontera”.
*El autor es investigador asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.
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